Guardia Nacional vs Ley de Seguridad Interior

En la última semana se acentuó la discusión alrededor de la conformación de la Guardia Nacional por la celebración de las audiencias públicas sobre el tema, así como por la próxima discusión de las modificaciones constitucionales, que darían lugar a su institucionalización en el periodo extraordinario de sesiones por iniciar el 16 de enero.

La mayor preocupación de organizaciones de derechos humanos y otros actores políticos y sociales sobre estas eventuales modificaciones se centraba en la idea de que se traducirían en la militarización del país, de manera idéntica que con la Ley de Seguridad Interior, recientemente desechada. Más concretamente, las críticas parten de dos elementos de la iniciativa de reforma constitucional original: el primero, que la Guardia Nacional quedaría bajo el mando de las fuerzas armadas y, el segundo, que su cuerpo operativo estaría conformado por actuales integrantes de la policía militar y naval (aunque también de la federal).

Comparto las dudas sobre el posible efecto de esa iniciativa, en términos de libertades y garantías individuales. Recuerdo con absoluto horror las violaciones de derechos humanos a cargo de integrantes del Ejército que se han registrado y documentado(también de la Policía Federal, la preventiva y la ministerial, no nos hagamos), así como la naturalidad con la que éstas han quedado impunes. Por eso aplaudo el hecho de que se haya decidido modificar la primera de esas definiciones, mediante el anuncio del gobierno de que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y no uno militar, quedando adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El segundo elemento fuente de preocupación se mantiene, de acuerdo con las declaraciones del propio Arturo Durazo; por eso vale la pena abrir la discusión frente a afirmaciones llanas, en el sentido de que un cuerpo policiaco formado por militares implica en automático la militarización de la seguridad, como estaba planteado por la Ley de Seguridad Interior con la que se ha querido comparar a la Guardia Nacional.

Si uno revisa ambas iniciativas, tienen una diferencia de fondo y es el hecho de que mientras la Ley de Seguridad Interior sí facultaba a las propias fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, la Guardia Nacional está concebida como una nueva corporación, si se considera de manera integral aquello que define a una institución.

Es decir, no es suficiente con señalar qué elementos van a operar las funciones de una organización, ni siquiera quién los conducirá en su labor (huelga decir que la Policía Federal ha mostrado el mayor de los fracasos en cuanto a eficacia, honestidad y respeto a los derechos humanos, aun bajo un mando civil). Es necesario saber también qué lineamientos la regulan, bajo qué criterios, quién y cómo los evalúa y, en el último de los casos, qué pasaría en caso de que se violaran estos lineamientos durante su operación.

En el caso de la Ley de Seguridad Interior no cabía duda: se tomaba al propio Ejército, tal y como estaba, con sus leyes internas, su fuero y sus protocolos, para ejecutar, sin ningún control, funciones que no correspondían a la naturaleza que le dio razón de ser: enfrentar a un enemigo.

La composición de la Guardia Nacional reconoce, en primer lugar, la necesidad de que sus elementos sean capacitados y actúen “bajo parámetros de conducción civil”, que ajusten “el ejercicio de sus funciones (el uso de la fuerza) de manera racional y proporcional para proteger libertad, bienes y derechos de las personas”.

En segundo lugar, los lineamientos de actuación, selección y adiestramiento de este cuerpo serían establecidos, no por el Ejército, sino por el Congreso de la Unión en la ley orgánica que habrá de redactar una vez que sea aprobada la iniciativa. Es decir, correrán a cargo de una autoridad civil y de representación democrática.

En tercer lugar, se establece que la observancia y sanción de cualquier violación ejercida por los miembros de la Guardia Nacional será juzgada por el fuero civil, no por el militar y, adicionalmente, se reconoce de manera inédita y sin condiciones la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en esta materia, un actor ajeno al propio Estado mexicano.

Por último, la medida de conceder estas funciones al cuerpo conformado por la Guardia Nacional bajo dichos lineamientos tiene un carácter transitorio, al incorporar en la iniciativa de reforma su evaluación y la posible disolución de este aparato de fuerza después de tres años de su entrada en vigor.

En resumen, lo que plantea la iniciativa que habrá de discutirse (con todo y la nueva modificación) y que no contenía la Ley de Seguridad Interior bajo ningún concepto, es una serie de controles que contemplan el concurso de diversos actores de carácter civil en la puesta en marcha, operación, supervisión y sanción de la Guardia Nacional.

El gran reto será aterrizar las modificaciones constitucionales en el diseño, tanto de los procesos de selección y capacitación de los elementos de este cuerpo de seguridad, como de las leyes reglamentarias que darán sustento a su operación y, finalmente, de los indicadores que evaluarán su actuación y resultados. Igualmente importante será incorporar algunas de las valiosas aportaciones de la sociedad civil, que sin duda pueden contribuir a enriquecer esta propuesta. La respuesta del gobierno de estos días fue, desde ese punto de vista, una muy buena señal.

* Politóloga internacionalista por el CIDE y consultora en la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio